La República después de 2026 De La confrontacion politica al consenso politico

Por: Jorge Yeshayahu Gonzales-Lara

Un punto de inflexión para la República

Las elecciones concluyen una competencia por el poder. La gobernabilidad comienza cuando el Estado, la oposición y la sociedad deciden construir un proyecto común para el país. De la confrontación al consenso: el verdadero desafío del Perú después de 2026

Las elecciones generales de 2026 representan uno de los momentos políticos más importantes desde el retorno a la democracia. El país ha elegido nuevas autoridades, pero el verdadero desafío apenas comienza. Gobernar un Perú profundamente diverso, socialmente fragmentado y políticamente polarizado exigirá mucho más que una mayoría electoral: requerirá liderazgo democrático, diálogo permanente y la capacidad de construir consensos duraderos.

Las campañas concluyeron. Los votos fueron emitidos. Las autoridades electorales proclamaron los resultados conforme al marco constitucional. A partir de ese momento, la prioridad nacional dejó de ser la competencia electoral para convertirse en la gobernabilidad.

En toda democracia madura existe una diferencia fundamental entre competir y gobernar. Durante las elecciones los partidos confrontan ideas; después de ellas deben construir acuerdos. Cuando esa transición no ocurre, la confrontación se convierte en un obstáculo para el desarrollo nacional.

La democracia no puede vivir en campaña permanente

Durante las últimas dos décadas, el Perú ha experimentado una sucesión de crisis políticas caracterizadas por la confrontación entre poderes del Estado, la fragmentación del sistema de partidos, la inestabilidad gubernamental y una creciente pérdida de confianza ciudadana.

La política ha comenzado a percibirse más como un espacio de enfrentamiento que como un mecanismo para resolver problemas públicos.

Mientras el debate público se concentra en disputas políticas permanentes, millones de ciudadanos continúan esperando respuestas frente a problemas urgentes:

* inseguridad ciudadana;

* crimen organizado;

* crecimiento económico;

* empleo formal;

* educación;

* salud;

* descentralización;

* infraestructura;

* lucha contra la corrupción.

La polarización termina desplazando las verdaderas prioridades nacionales.

Las elecciones de 2026: una oportunidad para aprender

El proceso electoral de 2026 dejó importantes lecciones para la democracia peruana.

Durante la primera vuelta, diversos candidatos formularon cuestionamientos sobre el conteo de votos y la transparencia del proceso electoral. Como ocurre en cualquier democracia, las observaciones fueron procesadas por los organismos competentes mediante los procedimientos previstos por la legislación vigente. Las misiones internacionales de observación electoral informaron posteriormente que no encontraron evidencia de un fraude sistemático que alterara la voluntad popular.

Tras la segunda vuelta presidencial surgió una nueva controversia relacionada con el voto emitido por los peruanos residentes en el exterior. Se presentaron cuestionamientos sobre determinados sufragios provenientes de consulados, mientras las autoridades electorales y la Cancillería explicaron que las medidas adoptadas respondieron a procedimientos técnicos para garantizar el traslado oportuno de las actas y preservar la integridad del proceso.

Más allá del debate jurídico, quedó planteada una reflexión de mayor alcance: la legitimidad democrática no puede depender de si los resultados favorecen o perjudican a un determinado sector político.

Cuando se cuestiona el derecho al voto de millones de ciudadanos únicamente por el sentido de su decisión electoral, se debilita uno de los principios esenciales de la democracia: la igualdad del sufragio.

Los peruanos residentes en el exterior forman parte del cuerpo electoral de la República. Su voto posee exactamente la misma legitimidad constitucional que el emitido dentro del territorio nacional.

La cultura de la confrontación

Quizá el mayor problema que dejó el proceso electoral no fue jurídico sino cultural.

En distintos sectores del espectro político se observó una tendencia preocupante: transformar al adversario democrático en un enemigo político.

Cuando ello ocurre aparecen prácticas que debilitan la convivencia democrática:

* desconocimiento anticipado de resultados;

* cuestionamiento permanente de las instituciones electorales;

* campañas de desinformación;

* teorías conspirativas;

* estigmatización de determinados grupos de votantes;

* polarización promovida desde redes sociales.

La democracia necesita oposición.

Lo que no necesita es una confrontación permanente que impida cualquier posibilidad de acuerdo.

El impacto de la comunicación digital

La revolución digital ha democratizado la información, pero también ha acelerado la polarización.

Memes, podcasts, videos cortos y publicaciones virales forman hoy parte del debate político cotidiano.

Estas herramientas fortalecen la democracia cuando promueven información verificable, participación ciudadana y deliberación pública.

Sin embargo, también pueden debilitarla cuando se utilizan para difundir desinformación, deslegitimar procesos electorales, promover discursos de odio o sustituir el debate de ideas por ataques personales.

La libertad de expresión constituye uno de los pilares de toda democracia.

Pero la libertad también exige responsabilidad.

La calidad del debate público depende, en buena medida, de la calidad de la información que circula en el espacio digital.

El caso Rafael López Aliaga: una lección institucional

Otro episodio que evidenció la necesidad de fortalecer las reglas democráticas fue la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir el cargo de senador para el que había sido elegido.

La situación abrió un intenso debate jurídico respecto de la inexistencia de una regulación específica para la renuncia de un senador electo antes de prestar juramento.

Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones resolvió el caso mediante una interpretación del marco constitucional y legal vigente.

Más allá del caso concreto, el episodio demuestra que la consolidación democrática también requiere perfeccionar las normas para evitar vacíos jurídicos que generen incertidumbre institucional.

Un nuevo orden democrático

El Perú necesita construir un nuevo pacto democrático.

No se trata únicamente de reformar leyes.

Se trata de transformar la cultura política.

Un nuevo orden democrático implica:

* aceptar los resultados electorales una vez concluidos los procedimientos legales;

* fortalecer la independencia de los organismos electorales;

* reemplazar la confrontación permanente por el diálogo;

* construir políticas públicas basadas en evidencia;

* priorizar el interés nacional sobre la rentabilidad política inmediata.

Las democracias más exitosas no eliminan los conflictos.

Aprenden a administrarlos mediante instituciones fuertes.

La diáspora: un puente para el consenso

Más de tres millones de peruanos residen actualmente fuera del territorio nacional.

Lejos de representar una periferia política, la diáspora constituye uno de los principales activos estratégicos del Perú contemporáneo.

Sus aportes exceden ampliamente el envío de remesas.

Representan conocimiento, innovación, emprendimiento, cooperación internacional, redes académicas, diplomacia ciudadana y experiencias acumuladas en democracias consolidadas.

Incorporar esa experiencia en la formulación de políticas públicas fortalecería la modernización institucional y ampliaría la visión estratégica del Estado peruano.

La ciudadanía transnacional debe entenderse como una ventaja comparativa para el desarrollo nacional.

Cinco pilares para construir el consenso

La transición hacia una democracia más sólida requiere compromisos concretos:

1. Respeto absoluto al Estado de derecho.

2. Reconocimiento de la legitimidad de los resultados electorales.

3. Diálogo permanente entre gobierno, oposición y sociedad civil.

4. Educación cívica y combate a la desinformación.

5. Integración de la diáspora como actor estratégico del desarrollo nacional.

La confianza como fundamento de la gobernabilidad

Las economías crecen cuando existe estabilidad.

Las inversiones llegan cuando existe seguridad jurídica.

Las instituciones funcionan cuando existe confianza.

Y la confianza solo puede construirse cuando todos los actores aceptan reglas comunes, respetan las decisiones institucionales y reconocen la legitimidad de quienes piensan diferente.

La gobernabilidad del Perú después de 2026 dependerá menos del número de escaños que posea un partido y mucho más de la capacidad colectiva para generar acuerdos.

Reflexión final

La democracia peruana enfrenta una oportunidad histórica.

Puede continuar atrapada en el ciclo de confrontación que ha caracterizado los últimos años o iniciar una nueva etapa basada en la cooperación institucional, la responsabilidad política y el respeto mutuo.

La historia demuestra que ninguna nación alcanza un desarrollo sostenible cuando la confrontación permanente sustituye al diálogo.

El verdadero legado del Perú posterior a 2026 no será la victoria de una organización política sobre otra.

Será la capacidad de construir una República donde las diferencias ideológicas convivan dentro del Estado de derecho, donde las instituciones prevalezcan sobre los intereses coyunturales y donde el consenso sustituya a la polarización como principio rector de la vida pública.

Porque las democracias no se fortalecen cuando todos piensan igual.

Se fortalecen cuando quienes piensan distinto deciden construir juntos un mismo país.